LA GUERRA CONTRA EL CIFRADO: LOS GOBIERNOS VS. LA PRIVACIDAD
Este año, diversos países han expresado su interés por poner puertas traseras al cifrado o hacerlo ilegal. Parece que la guerra contra el cifrado apenas comienza.
Si bien los gobiernos de todo el mundo nunca han sido especialmente fans del cifrado, en meses recientes la guerra contra el cifrado y el anonimato se ha enardecido. Diversos países han hecho públicos sus planes de romper la criptografía de dispositivos móviles y comunicaciones, entre ellos el Reino Unido y Francia, y por supuesto, el Gran Hermano que nos observa a todos, Estados Unidos, se ha acercado a diferentes compañías tecnológicas, ejerciendo presión para obtener acceso a comunicaciones cifradas.
El Reino Unido se encuentra considerando una ley que haría que cualquier forma de comunicación (ya sea un correo electrónico, un mensaje de texto o una llamada) pueda ser leída por la policía o por los servicios de inteligencia si tienen una orden. Kazajstán, a partir de enero, requerirá que todos sus ciudadanos instalen un certificado de seguridad nacional permitiendo la intercepción de todas las comunicaciones cifradas de sus ciudadanos (básicamente, un ataque «man-in-the-middle» legal). El Ministro de Interior francés recomendó prohibir el uso de Tor, con la finalidad de «luchar contra el terrorismo«. Parece, también, ser el único punto en el que los candidatos presidenciales estadounidenses Hillary Clinton y Donald Trump están de acuerdo: la libertad de expresión no es sino una «queja» que elevarán los activistas ante la introducción de puertas traseras en el cifrado, una queja que debe ser ignorada, sin importar cuántas veces los expertos en cifrado les hayan explicado que tal «solución» no es sino la creación de un problema mayor.
Sin importar que el anonimato sea reconocido por organizaciones como Naciones Unidas como esencial para la libertad de expresión, el «problema» que representa el cifrado para las autoridades no es reciente. Mecanismos de cifrado han sido usados por miles de años, pero por mucho tiempo fueron un privilegio de las élites, y sus técnicas eran controladas por gobiernos y ejércitos. Sin embargo, con el surgimiento de la tecnología de llave pública, la popularización del cifrado -entendida como la posibilidad de que éste fuera usado por cualquier ciudadano de a pie- se convirtió en un problema para los gobiernos, quienes preferirían seguir controlando la tecnología y manteniéndola fuera del alcance de los ciudadanos.
La Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (mejor conocida como la NSA) tiene el poder de obtener acceso a dispositivos inteligentes simplemente enviando un SMS. El cifrado de llave pública se convierte de este modo en la única manera que posee un ciudadano cualquiera para proteger sus comunicaciones, y es precisamente ésta la última frontera que los gobiernos desean romper. Jon Callas, uno de los inventores de PGP, el sistema de cifrado de correo electrónico más utilizado, lo plantea en los siguientes términos:
«Supón que el gobierno estadounidense dice que los terroristas se están vacunando, y en respuesta a eso, deciden que van a poner agua salada en vez de vacuna en cada aguja de vacunación en el mundo. Eso sería terrible, sería inhumano. Pero si es verdad (refiriéndose a los esfuerzos de la NSA), sería algo así».
¿La excusa? La misma utilizada para llevar a cabo proyectos de vigilancia masiva e indiscriminada: la guerra contra el terrorismo. A pesar de que los programas de vigilancia gubernamentales incumplen los principios de necesidad y proporcionalidad indispensables para la preservación de los derechos humanos involucrados (que incluyen la libertad de expresión e información, la intimidad, la privacidad y la libertad de asociación), y en incumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que la vigilancia sólo puede estar justificada cuando es prescrita por ley, es necesaria para lograr un objetivo legítimo, y es proporcional al objetivo perseguido, estos programas siguen llevándose adelante sin el menor resquemor por parte de las autoridades involucradas.
El cifrado de extremo a extremo y el anonimato parecen asustar a los gobiernos con ansias de totalitarios. Sin embargo, la infraestructura misma de Internet hace difícil de controlar la capacidad de los ciudadanos digitales de protegerse de las invasiones. El enjambre, descentralizado y veloz, se mueve más rápido que cualquier burocracia, y vuelve dudosa cualquier predicción sobre cuál será el final de la guerra contra el cifrado.
